El gobierno socialista es incapaz de rediseñar los procedimientos administrativos para que los lucenses puedan hacer ejercicio de su derecho a relacionarse con la administración local por medios y canales electrónicos, a partir del día 1 de enero de 2010 (fecha prevista para la adaptación de la totalidad de los procedimientos en la Ley 11/2007).

La edil Cristina Ares recuerda que “este servicio” se trata de un deber establecido primero por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local (“Ley de grandes ciudades”), y de manera más específico en la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Desde la presentación del portal web del Ayuntamiento, en mayo de 2008, el equipo de Orozco no consiguió incorporar ni un solo trámite, a pesar de las constantes promesas de la Concejala delegada de Servicios Generales, que llegó a afirmar el día 25 de agosto de 2008 que se estaba trabajando en cinco nuevos procedimientos que la ciudadanía podría realizar a través del portal web antes del 31 de diciembre de 2008: alta de padrón, licencia de obra mayor, licencia de obra menor, actividades calificadas y contrato de servicios.

Cristina Ares critica que “no sólo llevemos un año de retrasos respecto a lo comprometido por el gobierno local sino que alguno de estos procedimientos ni estarán a medio plazo, pues ni tan siquiera figuran en el catálogo que del Anexo I de la ordenanza de administración electrónica”.

El gobierno socialista tampoco tiene hechos los deberes en lo que alcanza a las relaciones con otras Administraciones Públicas, empresas y profesionales a través de servicios electrónicos de acceso restringido.

Gastos sin resultados.-

Para la concejala popular la incapacidad de gestión del gobierno de Orozco en este ámbito es especialmente llamativa toda vez que existió un Director General de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información, encargado de este asunto, que abandonó sus responsabilidades por causas todavía sin aclarar extensamente después de haber costado a la ciudadanía casi 50.000 euros anuales.

Ares pide explicaciones de los gastos acometidos en estos últimos tres años para la adaptación del Ayuntamiento de Lugo a la prestación de servicios electrónicos. Los populares quieren también saber las razones por las que el gobierno de Orozco tiene más dificultades, que los de otras ciudades de similares características, para implementar la tarjeta ciudadana.

Hace falta recordar que el proyecto Lugo Digital, que comenzó a ejecutarse a finales de 2005 y que tenía entre sus actuaciones previstas el desarrollo del portal municipal y la adquisición de la infraestructura necesaria para su soporte tecnológico tuvo un coste de 1.535.000 euros; el proyecto Lugo Ciudad Singular, que contemplaba entre sus actuaciones un proyecto de suministro de los elementos de hardware y desarrollo de los servicios telemáticos asociados a la implantación de la tarjeta ciudadana supuso un desembolso de 1,1 millones de euros públicos; y el Lugo 24X7, 195.301 euros en su Fase I para la implantación de un servicio de asistencia técnica centrado en el desarrollo de un sistema de gestión de expedientes corporativo (herramienta necesaria para la administración electrónica), y 338.000 euros en su Fase II.