Web del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Lugo

	El Grupo Municipal Popular condiciona su apoyo a la nueva tarificación del agua a que se acepten unas propuestas de mínimos
	19/10/2009

	Cristina Ares pide que se rebajen tres euros a la cuota fija del uso domestico y trece euros en el uso no doméstico, evitando la penalización a los hogares y actividades con consumos bajos. Los populares reclaman que la tarificación sea más social por lo que presentan una propuesta de bonificaciones.


	El Grupo Municipal Popular presentará en la reunión de esta mañana, en la que se debate la nueva tarificación del consumo de agua, una propuesta de mínimos. De ser rechazada cualquiera de los puntos los populares anuncian que no aceptarán los cambios que pretende llevar a cabo el Gobierno de Orozco. La concejala popular Cristina Ares enumeraba los puntos del acuerdo que propondrá: Reducir la cuota fija o cuota de disponibilidad propuesta por el gobierno municipal de 10 a 7 euros en el uso doméstico y de 30 a 17 euros en el uso no doméstico. Esta medida haría que aquellos que no consumieran más de 27 metros cúbicos, en el primero caso, y 75 metros cúbicos, en el segundo, (los “mínimos” establecidos en las Ordenanzas en vigor) no resulten penalizados por el nuevo modelo de tarificación. En la propuesta del gobierno socialista pasarían a pagar de 11,34 a 13,78 (2,44 euros más) en el uso doméstico y de 43,5 a 56,25 (12,75 euros más) en el uso no doméstico. Esta propuesta obligaría a revisar el precio por metro cúbico de los excesos de consumo, que serían penalizados en mucha mayor medida que en la propuesta inicial, en la cantidad que recomendaran los técnicos municipales para ajustar progresivamente los ingresos y los gastos de los servicios relacionados con el uso del agua. Introducir las siguientes bonificaciones fiscales en las tasas por el suministro de agua potable y alcantarillas, en la vivienda habitual: Del 50%, 75% y 95% respectivamente para familias numerosas según sean de primeria categoría (3 hijos), segunda categoría ( 4 o 5 hijos) y categoría de honor (6 hijos o más). Del 50% para jubilados y otros pensionistas, siempre que el patrimonio mobiliario e inmobiliario de los miembros de la unidad familiar, excluyendo el valor de la vivienda habitual, no sea superior a 21.000 euros. Por supuesto, se propondrá mantener la exención para perceptores de la RISGA, que ya se contempla en las Ordenanzas fiscales para el año 2009. En resumen, el Grupo Popular exige al Gobierno Municipal que aborde con seriedad la adaptación a la Directiva marco en el sector del agua (del año 2000), y que la nueva tarificación por suministro domiciliario y alcantarillas sea más social.



	Cristina Ares también aclaró que en la reunión de trabajo entre el gobierno y representantes de los grupos políticos de la oposición con la participación de los técnicos municipales celebrada el pasado viernes día 16 de octubre, el Grupo Popular fue el único que propuso la introducción de bonificaciones fiscales en las tasas por suministro de agua potable y alcantarillas para hogares con dificultades especiales, como los de las familias numerosas “algo que no había previsto el gobierno municipal y en el que tampoco había reparado el otro grupo de la oposición”.



	Asimismo, el Grupo Popular puso sobre la mesa la desigualdad global de la propuesta socialista, que no tiene en cuenta el número de miembros de cada unidad familiar, razón por la cual tampoco cumple la exigencia de penalizar el despilfarro, ya que no permite evaluar si el consumo de agua de cada hogar es sostenible o no, algo que obviamente no depende sólo del volumen de agua consumido sino también del número de miembros de la unidad familiar. Retraso injustificado.- Los populares acusan al gobierno socialista de actuar de forma improvisada y critican el retraso injustificable del equipo de Orozco en la adaptación a la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que obliga, a partir del 1 de enero de 2010, a implementar una política de tarificación que incite a los consumidores a emplear este recurso de forma sostenible, así como a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el uso del agua. “La entrada en vigor de esta norma, no había producido hasta ahora ningún tipo de reacción por parte del gobierno municipal, que, incluso, es incapaz de adoptar una decisión sobre el sistema de gestión del agua, hecho que está contribuyendo año tras año a incrementar el déficit del servicio, que, según los estudios de costes de Hacienda Local, pasó del 26% al 40% solamente en el último año, con previsión de que aumente a igual ritmo en próximos ejercicios”. Los populares recriminan al gobierno municipal que a diferencia del acontecido en otras ciudades, el Ayuntamiento de Lugo no adoptó ninguna medida para el empleo más eficiente del agua para usos municipales, ni en las propias dependencias municipales o en otros edificios públicos especialmente significativos para la promoción del cambio cultural en los hábitos de consumo de este recurso requerido por la normativa europea (del año 2000), como, como por ejemplo, los colegios públicos.