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La fiscalía archiva una denuncia formulada por un cargo de confianza de Orozco contra el concejal del PP Enrique Rozas

 
 
24/03/2009
interior
     
 
  • Con este comportamiento “se intenta amordazar a la oposición judicializando la vida política”
  • Rozas anuncia que seguirá ejerciendo el papel, encomendado por los ciudadanos, fiscalizando  con mayor firmeza el funcionamiento del gobierno socialista
  • El concejal popular trasladará a su abogado este decreto de la fiscalía por si el denunciante pudiera haber incurrido en undelito de acusación y denuncia falsa contra mi persona
   
 
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El Grupo Municipal Popular dio a conocer hoy un decreto de la fiscalía de Lugo en el que se archiva una denuncia contra el concejal Enrique Rozas por una supuesta revelación de secretos.

La denuncia, que no prosperó, fue formulada el pasado día 10 de Marzo a instancias de Darío Diéguez en su condición de Director General de la Policía Local.

El concejal popular  pidió explicaciones al alcalde y al concejal delegado de esta acción:

  • ¿Son ustedes conocedores de la denuncia formulada ante la fiscalía por Don Darío Diéguez en su condición de Director General de la policía?
  • ¿Avalan ustedes dicha actuación?, si no es así ¿Qué medidas piensan adoptar?
 
 
Al concejal popular Enrique Rozas le parece muy grave que “el alcalde permita que los máximos responsables de la policía dediquen su tiempo a acusar y a perseguir a la gente en vez de a trabajar y organizar el servicio”, puntualizó.

Foto

 
     
 
 
     
 

Archivo diligencias.-

En el decreto de archivo de la denuncia por supuesta revelación de secretos el fiscal argumenta que “la crítica se puede hacer a un determinado modo de gestión de un servicio y no puede llevar a la consideración de que se haya cometido un delito por revelación de secreto máxime en un estado de derecho en el que debe quedar amparadas fórmulas de opinión y crítica que redunden en la mejora de la gestión”.

Ni la materia estaba clasificada con carácter reservado, ni puede ser valorado como tal ya que su contenido no genera un riesgo por su divulgación ni para la seguridad de las instalaciones policiales, ni para los miembros de su plantilla”.

El desacuerdo expresado en la forma de gestión de un servicio público podrá dar lugar a explicaciones o aportación de otros datos por su responsable que contrarresten o desacrediten la realidad de la crítica, pero debe concluirse que el derecho penal donde rige la aplicación del principio de intervención mínima o su carácter de ultima ratio no puede conferir un concepto de secreto tan amplio como el pretendido en la denuncia”.

Fracasa el intento de tapar la boca a la oposición.-

Enrique Rozas fue muy claro y manifestó que “artimañas como estas” no influirán en su trabajo de fiscalizar la acción de gobierno.

“El Director General de la Policía que es abogado, se presupone que conoce el contenido de los tipos penales de los que, en principio, me acusa. Siendo así entiendo que su único objetivo puede ser el intentar amedrentar mi labor de oposición para que no cumpla con mi obligación que no es otra, como reconoce el propio decreto de la fiscalía en su página cinc,  buscar lo mejor de la gestión.

“Una de dos, o el Director General es un perfecto incompetente y dando por hecho que título lo tiene y los conocimientos se le suponen, sólo me queda pensar que lo único que busca con acciones como estas es taparme la boca”.

El concejal popular concluyó “a mi criterio, este comportamiento es el mayor atentado contra la libertad de expresión y el desempeño de la labor de fiscalización al gobierno desde que se instauró la democracia en el ayuntamiento de Lugo”.

Acciones judiciales

Enrique Rozas anunció que trasladará a su abogado este decreto de la fiscalía “por si el denunciante pudiera haber recurrido en un delito de acusación y denuncia falsa contra mi persona.

Por último desde el grupo popular le recomiendan, una vez más al Alcalde y los suyos que “dediquen toda su energía en dejar de perseguir a la gente y se esfuercen en: organizar y dirigir a la policía  tal y como se recoge en el decreto del nombramiento del Director General de la Policía. El primer punto contempla como principal función organizar y dirigir el cuerpo de la policía local, actuación que a todas luces no cumple, sentenció Rozas.
 

 
     
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